Colectivos y agrupaciones de toda la Región de Murcia se niegan a aceptar la nueva Ley de Protección Animal que propone el Gobierno Regional. Sus quejas comienzan porque echan en falta que se les haya consultado a la hora de elaborar esta ley, puesto que consideran que son uno de los pilares más importantes en el tema de la defensa de los derechos animales en Murcia. «No han contado con nosotros», indican, y aseguran sentirse indefensos ante la llegada de esta nueva legislación.
Para mostrar su desacuerdo, se han unido asociaciones y entidades de protección animal de toda la Región. Desde la comarca del Altiplano, con los colectivos de Jumilla y Yecla, hasta Águilas y el Mar Menor, existen voluntarios que trabajan a diario de manera altruista por los derechos de los animales y luchan para salvar sus vidas.
Ahora, esta nueva ley les asusta y les ha movilizado ya que afirman que «se basa en el control y las sanciones, no en la prevención y la concienciación». Añaden que esto hace que se convierta en «una ley obsoleta incluso antes de nacer».
Las entidades sin ánimo de lucro que firman este comunicado, como S.O.S. Gatos Murcia, la Asociación Protectora de Animales Sálvanos y la Asociación Actin, afirman sentirse engañadas por «una Administración que, con los impuestos de los murcianos, paga a empresas privadas para la gestión de perreras municipales mientras que el trabajo que realizan las protectoras a pie de calle no se valora, ni se subvenciona, ni recibe apoyo alguno». Opinan que para la Administración, los animales solo son «gastos de comida y problemas».
Por ello, estos colectivos piden que se paralice la tramitación de esta ley hasta que se cuente con la voz de las personas que llevan décadas defendiendo los derechos de los animales en la Región de Murcia.
Las protectoras de animales creen además que no hay intención de cambiar una situación que, en pleno siglo XXI, les convertiría a todos en asesinos, al pagarse todo ello con dinero público.
Denuncian asimismo que cientos de animales son sacrificados en las perreras a diario sin tener en cuenta cuestionamientos éticos de ningún tipo, algo contra lo que estas agrupaciones y entidades luchan. Intentan paliar lo que entienden como una grave situación en materia de protección animal en la comunidad autónoma.
Estas asociaciones exigen, por tanto, «una ley que apueste por educar y prevenir, no solo por controlar y sancionar» en un comunicado que pretenden que logre detener el avance de esta legislación, ya que recalcan que es insuficiente y está desfasada en relación a las necesidades que la defensa de los animales en la Región precisa.
Para mostrar su desacuerdo, se han unido asociaciones y entidades de protección animal de toda la Región. Desde la comarca del Altiplano, con los colectivos de Jumilla y Yecla, hasta Águilas y el Mar Menor, existen voluntarios que trabajan a diario de manera altruista por los derechos de los animales y luchan para salvar sus vidas.
Ahora, esta nueva ley les asusta y les ha movilizado ya que afirman que «se basa en el control y las sanciones, no en la prevención y la concienciación». Añaden que esto hace que se convierta en «una ley obsoleta incluso antes de nacer».
Las entidades sin ánimo de lucro que firman este comunicado, como S.O.S. Gatos Murcia, la Asociación Protectora de Animales Sálvanos y la Asociación Actin, afirman sentirse engañadas por «una Administración que, con los impuestos de los murcianos, paga a empresas privadas para la gestión de perreras municipales mientras que el trabajo que realizan las protectoras a pie de calle no se valora, ni se subvenciona, ni recibe apoyo alguno». Opinan que para la Administración, los animales solo son «gastos de comida y problemas».
Por ello, estos colectivos piden que se paralice la tramitación de esta ley hasta que se cuente con la voz de las personas que llevan décadas defendiendo los derechos de los animales en la Región de Murcia.
Las protectoras de animales creen además que no hay intención de cambiar una situación que, en pleno siglo XXI, les convertiría a todos en asesinos, al pagarse todo ello con dinero público.
Denuncian asimismo que cientos de animales son sacrificados en las perreras a diario sin tener en cuenta cuestionamientos éticos de ningún tipo, algo contra lo que estas agrupaciones y entidades luchan. Intentan paliar lo que entienden como una grave situación en materia de protección animal en la comunidad autónoma.
Estas asociaciones exigen, por tanto, «una ley que apueste por educar y prevenir, no solo por controlar y sancionar» en un comunicado que pretenden que logre detener el avance de esta legislación, ya que recalcan que es insuficiente y está desfasada en relación a las necesidades que la defensa de los animales en la Región precisa.
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